Jorge Cebreiros Arce
Presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra

Un martes de abril de hace 40 años, los ciudadanos españoles disfrutaron del privilegio, perdido medio siglo atrás, de volver a elegir a sus representantes municipales. Los ayuntamientos son, de entre las administraciones públicas, el interlocutor más próximo al ciudadano, el que ejerce la función pública más directamente.

A pesar de que por fin volvían a tener voz y voto, los primeros comicios municipales de la Democracia se caracterizaron por una proliferación de candidaturas que contrastó con la baja participación. Galicia tuvo la mayor abstención a nivel nacional. También quedaron marcados por la irrupción triunfante de los partidos de izquierdas, además del avance de las formaciones de tinte nacionalista.

En Pontevedra la primera corporación municipal democrática la componían integrantes de siete partidos, y de seis en Vigo, donde la Alcaldía no recayó en la lista más votada, sino que una alianza hizo Alcalde al socialista Manuel Soto.

El real decreto de 27 de enero del 79, que establecía la nueva normativa electoral, estableció que diez días después de las elecciones los ediles electos elegirían al Alcalde por voto secreto y recibirían además, el arqueo de la caja municipal, el estado patrimonial y el inventario de bienes del Ayuntamiento, por parte del secretario y del interventor municipal.

En otras palabras, el patrimonio inmediato de cada Municipio pasó a manos de los ciudadanos escogidos para gestionarlo en las urnas. Aquel cambio en la gerencia municipal recién alumbrado fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión, la reconquista de un derecho que marcaría el desarrollo de las ciudades a partir de ese momento.

La descentralización de las decisiones y las nuevas competencias que con el tiempo fueron ganando los municipios, abrieron todo un abanico de posibilidades y definieron, en muchos aspectos, el futuro de las ciudades y de sus ciudadanos, cada vez más participativos y, a la vez, más exigentes, a medida que la Democracia se iba consolidando.

El gobierno municipal se convirtió, de la noche a la mañana, en medio del bullicio y la efervescencia de la Democracia española, en gestor de recursos, en decisor de ordenaciones, en impulsador de servicios y desarrollador de iniciativas.

La solución de los problemas cotidianos, de ciudadanos y empresarios –tanto de los pequeños y medianos empresarios como de los de mayor tamaño-, pasaba –y pasa- por la gestión municipal. Se cometieron errores… se corrigieron, en su inmensa mayoría.

Y algunos, echando la vista atrás, nos maravillamos del progreso, de cómo los ciudadanos, en defensa del interés común, luchan por sus derechos y exigen servicios públicos cada vez más acordes con sus necesidades, más eficientes, más eficaces, más sostenibles.

Cuatro décadas después, muchas cosas han cambiado para mejor. Y, como todo, el sistema es perfectible, como, por ejemplo, determinar que la lista más votada sea la que se alce con la Alcaldía, porque esa voluntad y no otra diferente, es lo que los electores han depositado en las urnas y un gobierno municipal compacto es más confiable.

Quiero destacar que las administraciones locales pueden contribuir, y mucho, a la competitividad del tejido empresarial, principal creador de empleo, si tienen como prioridad facilitar y agilizar la libre actividad económica.

Una ciudad dinámica, económicamente pujante, que apoye a su sector productivo y facilite la creación de empresas, respaldará directamente la generación puestos de trabajo, atraerá inversiones, obtendrá tributos, podrá mejorar y ampliar servicios… es un ciclo expansivo que beneficia a todos, y que exige esfuerzo, pero también demanda atención a las necesidades de los emprendedores y empresarios.

Desde la perspectiva empresarial, tendemos la mano a la colaboración entre las corporaciones municipales y las organizaciones empresariales, tanto para un enfoque más coherente de los planes de empleo, como para agilizar trámites burocráticos o minimizar el impacto fiscal para los nuevos proyectos.

Unos y otros tienen responsabilidades y deben apoyarse para garantizar el progreso económico de cada ciudad y su ámbito de influencia, algo que exigen, cada vez con más contundencia, los propios ciudadanos.