Jorge Cebreiros Arce
Presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra

El informe La producción normativa en 2019, elaborado por el Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos de CEOE, ha revelado que el año pasado en España se publicaron casi un millón cuarenta mil páginas en el Boletín Oficial del Estado y los boletines oficiales de las 17 Comunidades Autónomas de España.

Redondeando, más de un millón de páginas dedicadas a nuevas normas legislativas. Con la afición a la lectura en horas bajas, se diría que el Gobierno está dispuesto a incrementar las estadísticas nacionales (5,8 horas/semana -por debajo de la media mundial de 6,5-) mediante cualquier medio a su alcance, diarrea regulatoria incluida.

Son incontables las veces que desde las organizaciones empresariales hemos expresado la necesidad de tener un marco legislativo simple, moderno, estable. Conocemos bien el problema. Más bien, lo sobrellevamos en silencio.

España tiene una estructura administrativa de varios niveles, con normas municipales; autonómicas; estatales; europeas (más de 54 mil en la UE) y , también, internacionales (convenios con países ajenos a la UE). A todas debemos estar atentos los empresarios –y los ciudadanos-, porque su desconocimiento no nos exime de la obligación de cumplirlas.

No es menor el detalle de que muchas normas autonómicas y ordenanzas municipales se contradicen entre sí, convirtiendo en un galimatías la gestión empresarial, en función, simplemente, de la localidad o Comunidad Autónoma donde se desarrolle su actividad.

Por si fuera poco, la calidad de la normativa es inversamente proporcional a la estabilidad política. En 2019 dos de cada tres normas con rango de ley se desarrollaron por Real Decreto Ley, una figura prevista para casos en los que haya una extraordinaria y urgente necesidad.

Tal debía ser la naturaleza de la subida del SMI, ya que un Gobierno en funciones, emanado de una moción de censura y sin mayoría parlamentaria suficiente para aprobar presupuestos o formar Gobierno, utilizó un RDL para imponerla en 2019.

Y ahí es donde nuestra competitividad se resiente. El World Economic Forum, en su Informe de Competitividad, coloca a España en el puesto 114 de 141 países, a la hora de valorar el nivel de carga que supone a las empresas cumplir con toda la regulación vigente. En otras palabras, en el tiempo que se invierte en mantenerse legislativamente al día.

Este laberinto ralentiza y perjudica la actividad empresarial. Una vez más, hacemos un llamamiento, alto y claro, a la unificación y simplificación administrativa, cuyo resultado será inmediato y eficaz, en términos económicos, favoreciendo la creación de empleo y el progreso, que es a lo que preferimos dedicarnos los empresarios.