ø Los empresarios de Pontevedra insisten en el impacto que el pago de tarifas tiene sobre la competitividad del tejido empresarial gallego
ø Los 181 votos a favor de cancelar la concesión hasta 2048 suponen un impulso a la reivindicación histórica de que la Autopista del Atlántico se dé por amortizada y sea gratuita
Vigo, 14 de junio de 2024.- La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) insta al Congreso a poner fin a la discriminación que sufre Galicia por las condiciones actuales de gestión de la AP9, cuya concesión hasta 2048 implica un perjuicio grave a la competitividad de las empresas gallegas, con peajes que suben cada año.
Tras la votación el jueves en la cámara baja, el empresariado provincial reafirma el sinsentido de que Galicia continúe pagando de las tarifas viarias más caras del territorio nacional, con una concesión que está previsto que se prolongue, en total, durante 75 años.
“Los 181 votos a favor suponen un respaldo mayoritario para que Galicia deje de pagar y se dé por amortizada esta importante vía de comunicación. El siguiente paso, que también hemos apoyado desde la CEP, es su transferencia al gobierno autonómico, para que tenga el mismo trato que otros territorios y deje de estar penalizada por los peajes de la AP9”, expone el Presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, en sintonía con la propuesta de ley del parlamento gallego.
Recuerda que este es el cuarto intento en ocho años de la cámara autonómica ante el Congreso Nacional y que es una situación que perjudica a toda la sociedad civil, porque no sólo las empresas sino también los trabajadores y todos los ciudadanos en general, se ven lastrados por las tarifas que, año a año, sube la concesionaria.
“La AP9 conecta las cinco principales ciudades de Galicia y vertebra nuestra economía. Su trazado da servicio al 60% de los gallegos. Según las estadísticas de tráfico, decenas de miles de vehículos circulan en ambos sentidos diariamente. Son casi 220 km cuyo primer tramo lleva en servicio desde 1980”, incide el líder de los empresarios pontevedreses.
Por primera vez, la propuesta de Ley del parlamento gallego ha obtenido una mayoría absoluta que respalda, al cuarto intento, una solución para que Galicia deje de ser la comunidad autónoma con más kilómetros de autopista de pago.
“Esperamos que definitivamente se anule la prórroga de concesión hasta 2048. Entendemos que el coste de su gestión debe ser asumible por la Administración Pública. Se calcula que su mantenimiento anual ronda los 10 millones de euros”, agrega Jorge Cebreiros, quien subraya las dudas de la Comisión Europea sobre la legitimidad del procedimiento.
Cabe recordar que el gobierno nacional tiene sobre la mesa dos expedientes de infracción por incumplimiento de la legislación comunitaria en términos de contratación pública, por un lado, y con respecto a la normativa de la UE sobre las concesiones de autopistas. El caso podría llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y expone a España a sanciones por hasta 7,5 millones de euros.
Este próximo 24 de junio concluyen los dos meses de plazo dados el pasado abril por Bruselas para aclarar las condiciones que dieron lugar a la prórroga.
La primera ampliación de la concesión, por 10 años, concluyó en 2023. Sin embargo, la construcción de carriles adicionales, cuyas obras datan de febrero de 2015, respaldaron la ampliación de la concesión otros 25 años. En todo caso, desde la CEP recuerdan que “ni se abrió concurso público para su ejecución, ni se licitó la continuidad de la concesión hasta 2048”.
Por otro lado, apuntan desde la CEP, el incremento de carriles en la AP9 supuso un aumento de 28,8% kilómetros totales de trazado en ocho años. En cambio, la concesionaria ha pasado de recaudar 47 millones de euros a superar los 118, un 156,52% más.
“No es de recibo que los gallegos paguemos más cada año por utilizar una infraestructura construida hace más de 40 años, cuando otras similares han sido amortizadas y están libres de peajes, y cuyas cifras de negocio arrojan rentabilidad. Es una situación a todas luces injusta e insólita en comparación con el resto del territorio nacional”, concluye el presidente de la CEP.
