La Confederación Empresarial de Pontevedra denuncia una ruptura del consenso tras la exclusión de CEOE de la mesa de negociación con el Ministerio de Trabajo de la ampliación de los permisos de fallecimiento
Advierte que las nuevas medidas generarán costes elevados y una inseguridad jurídica en un sector ya tensionado
Ante la reciente decisión del Ministerio de Trabajo y Economía Social de dar por cerrada la mesa de diálogo tripartita para la ampliación de permisos por defunción y apartar a la CEOE, la CEP quiere mostrar su profundo descontento ante el trato que reciben los responsables empresariales y principales afectados por las medidas.
Como bien recogen CEOE y CEPYME en un comunicado de prensa conjunto emitido en el día de ayer, nunca ha sido una mesa de negociación, sino un simple trámite para sacar adelante una disposición completamente impuesta por parte del ejecutivo. No debemos olvidar que el tejido empresarial aporta riqueza y empleo, y es uno de los factores primordiales para la economía nacional. El hecho de que se oficialice una negociación de aquí en adelante solamente con CCOO y UGT muestra un claro acto de indiferencia hacia los principales responsables económicos del país.
El cierre de la mesa y la exclusión de la representación empresarial supone una vulneración del diálogo social para unas medidas que les afectan directamente y cuyos costes repercutiría en la actividad productiva. La ampliación de los permisos por fallecimiento supone una capacidad de maniobra y económica que la mayoría de pequeñas y medianas empresas -las que conforman casi la totalidad del tejido empresarial de Pontevedra- no poseen.
La regulación actual ya cuenta con deficiencias técnicas y una inseguridad jurídica que no hace más que favorecer una tasa de absentismo en aumento. Galicia es actualmente la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de absentismo (8,4%), por encima de la media nacional (6.9%). Una parte de estas ausencias se debe al disfrute de cada vez más permisos de trabajo que se implementan sin consultar a los responsables empresariales, añadido a una mala gestión de las bajas IT.
Para las empresas de nuestra provincia, la implantación de estas medidas sin un análisis detallado y una hoja de ruta concreta podría traducirse en un incremento de costes de personal con poco margen de maniobra, dificultades en la gestión de plantillas y turnos, inseguridad para las empresas familiares y pymes y derivando en un riesgo de pérdida de competitividad.
La Confederación entiende que con esta decisión el Ministerio de Trabajo asume una imposición regulatoria de gran impacto económico sin contemplar la opinión de los principales afectados. Se traslada una responsabilidad a solo un lado de la balanza que corresponde, en línea con lo expresado por CEOE y CEPYME, a las administraciones públicas. Esta dinámica ya fue advertida con la reforma de la jornada, la Ley de Prevención de Riesgos y normativas recientes.
La CEP reitera su compromiso con el empleo, la competitividad y la estabilidad empresarial de la provincia de Pontevedra. Consideramos que cualquier reforma debe construirse desde el consenso, la responsabilidad y el respeto a la diversidad del tejido productivo.
